Esta publicación presenta el texto refundido de la Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, publicada en el Diario Oficial el día Sábado 20 de Marzo de 1993.

Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional

MINISTERIO DEL INTERIOR
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
SERIE DESCENTRALIZACION

PRESENTACION

El Gobierno del Presidente Aylwin incluyó dentro de sus prioridades la realización de un conjunto de reformas que permitieran restablecer instancias de participación ciudadana a nivel local, como también crear otras nuevas acordes con las exigencias de la época actual.

Al proponer la reforma al Capítulo XIII de la Constitución Política de la República, el Gobierno buscó asimismo afianzar un activo, progresivo y eficaz proceso de descentralización del país. Así, la presente Ley sobre Gobierno y Administración Regional, constituye una iniciativa legal que completa dicha reforma, la cual reviste
enorme trascendencia presente y futura.

Trascendencia en el presente, porque concluye una etapa fundamental de modificación y elaboración de normas jurídicas que responden al sentimiento colectivo de la Nación de profundizar el sistema democrático, al ampliar la participación ciudadana a los ámbitos de generación de las autoridades de los distintos niveles territoriales, permitiéndoles influir legítimamente en las decisiones sobre materias que la afectan directamente, anhelo por muchos años postergado.

Trascendencia futura, porque existe el convencimiento de que los cambios institucionales aprobados responden también a las demandas que plantea la expansión económica de las distintas zonas del país, facilitando la interacción necesaria entre el sector público y privado que permita enfrentar con éxito la gran tarea de fin de siglo: superar la pobreza a través del crecimiento sostenido y de políticas afianzadoras de la equidad social.

Dentro de este contexto, la Ley de Gobierno y Administración Regional da un nuevo impulso al proceso de regionalización, apoyado esta vez en una concepción que considera el desarrollo paralelo de la descentralización y la desconcentración de las funciones administrativas.

Este proceso de adecuación del aparato público significa una transformación compleja y no exenta de dificultades, porque modifica la realidad centralizada en pos de la transferencia de competencias desde el ente administrativo central a entes jurídicamente diferenciados de aquél, es decir, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio y que no le están jerárquicamente subordinados, sino sometidos a su supervigilancia. Lo anterior, obliga a los distintos entes comprometidos en este proceso a redoblar los esfuerzos para asegurar su eficiente implementación.

De ahí se colige que las transformaciones se realizarán de modo prudente pero decidido. Toda una tradición de gestión centralizada y burocrática no se borrará con la sola promulgación de esta nueva legislación. Además, la ley innova significativamente en una esfera en que se cuenta con pocos referentes y abre surcos en materias con escasa experiencia práctica previa.

En definitiva, los instrumentos que aquí se establecen plantean el desafío extraordinario a las regiones del país de avanzar por el camino de la descentralización en forma progresiva y gradual, compatibilizando avances e innovaciones con nuestra ineludible tradición institucional y jurídica de Estado Unitario.

Esta nueva realidad busca modernizar la institucionalidad pública, poniéndola en sintonía con los importantes y variados requerimientos del tiempo presente y venidero. Se propugna una mayor racionalización en el desempeño de la Administración, estableciendo competencias específicas para los distintos niveles de gestión en que ésta se estructura, procurando eliminar duplicaciones entre ellos, así como la radicación de la toma de decisiones sobre importantes asuntos regionales en una instancia de proximidad al escenario en que ellos se plantean.

Por otra parte, se crean mecanismos e instrumentos de financiamiento compatibles con el orden general de la Hacienda Pública e incentivadores de una acción regional que tienda a potenciarse y fortalecerse paulatinamente.

En este contexto, cabe destacar que este esfuerzo ha sido de gran envergadura y requiere que el empresariado privado en cada región se comprometa con la misma energía y vocación con que el sector público acomete tan importante desafío. Que el sentido moderno de la transferencia de responsabilidades y competencias también se plasme en el ámbito privado. Que las oportunidades en regiones se abran tanto para profesionales públicos como privados. Que en cada región hagamos del esfuerzo mancomunado de sus actores: universidades, empresarios, profesionales, agencias públicas, organismos no gubernamentales, organizaciones sociales, sindicatos, elemento protagónico de la descentralización realista, eficiente y eficaz que Chile merece.

Así, tendremos un país más preparado para el desarrollo en un mundo competitivo; más participativo en sus instituciones democráticas y más moderno en la gestión pública y privada de un desarrollo que mejora las oportunidades de todos y especialmente las de los más postergados.

El camino es largo pero tremendamente motivante, y probablemente sólo serán las nuevas generaciones las que reconocerán este magno esfuerzo que hoy comenzamos estusiasta y responsablemente a desarrollar.

ENRIQUE KRAUSS RUSQUE
Ministro del Interior